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El Puerto de Montevideo avanza en el análisis de alternativas tecnológicas para reducir las emisiones asociadas a sus equipos y operaciones, en el marco de un estudio de prefactibilidad de hidrógeno verde que contempla tanto esta fuente energética como distintas opciones de electrificación.
La consultoría denominada “Estudio de Prefactibilidad de H2 verde en Puerto de Montevideo” es desarrollada por la consultora CSI, cuenta con fondos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y es impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con el aval de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Los avances del trabajo fueron presentados a la comunidad portuaria a través del Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental Portuaria (CEGAP), en una instancia que permitió conocer el estado de una consultoría que procura establecer las condiciones necesarias para avanzar hacia una eventual transformación energética de las operaciones portuarias.
El estudio no se limita al hidrógeno. Su primera fase comprende un relevamiento y análisis técnico, económico-financiero, ambiental, normativo y social, incluyendo la evaluación del estado del arte en tecnologías de propulsión de equipos portuarios cero emisiones. Entre las alternativas consideradas figuran la electrificación directa, los equipos eléctricos a batería y las tecnologías basadas en hidrógeno.
Un análisis sobre los equipos portuarios
Uno de los componentes centrales de la consultoría es la identificación de los equipos que podrían ser considerados para una eventual sustitución tecnológica.
A partir de la información relevada con ANP y MIEM fueron seleccionadas distintas categorías de maquinaria, a las que se incorporaron también otros equipos para ampliar el análisis. La lista incluye manipuladores de graneles minerales semimecanizados, reach stackers, camiones de patio portuario, grúas pórtico sobre neumáticos (RTG), straddle carriers, montacargas, manipuladores de contenedores, ómnibus y remolcadores.
La evaluación busca determinar qué alternativas tecnológicas pueden resultar adecuadas para cada tipo de equipo, teniendo en cuenta variables como los ciclos de trabajo, los requerimientos de autonomía, las necesidades de infraestructura y las condiciones de operación.
En el caso del hidrógeno, el estudio contempla tanto su utilización mediante celdas de combustible como mediante combustión. También analiza diferentes alternativas para el suministro energético.
El análisis económico incluye la estimación de inversiones de capital (CAPEX), costos operativos (OPEX) y costo total de propiedad (TCO), además de modelos de financiamiento y distintos horizontes temporales para evaluar la viabilidad de las inversiones.
Hidrógeno y electrificación
Uno de los aspectos que surge del estudio es que la transición energética no presenta una única solución tecnológica para todos los equipos.
La electrificación directa aparece como la alternativa de menor complejidad regulatoria relativa y de máxima eficiencia energética. El análisis señala que, considerando la matriz eléctrica uruguaya, esta opción presenta muy bajas emisiones bajo un enfoque de ciclo de vida energético.
Los equipos eléctricos a batería, por su parte, eliminan las emisiones locales de combustión, aunque requieren compatibilizar autonomía, ciclos de trabajo y ventanas de carga. El manejo de las baterías al final de su vida útil constituye además uno de los aspectos ambientales que deberán ser contemplados.
El hidrógeno aparece particularmente vinculado a equipos que presentan elevados niveles de utilización, necesidades de autonomía o múltiples turnos de trabajo. Sin embargo, su eventual incorporación supone mayores requerimientos de infraestructura y una mayor complejidad regulatoria.
En ese sentido, la consultoría diferencia entre el hidrógeno producido fuera del recinto portuario y aquel que eventualmente pudiera producirse dentro del propio puerto.
La alternativa de producción ex situ permitiría reducir la complejidad industrial dentro del área portuaria, aunque trasladaría parte de los riesgos hacia la cadena logística, especialmente por las condiciones de transporte y abastecimiento de mercancías peligrosas.
La producción in situ, en cambio, implicaría una mayor complejidad regulatoria, al concentrar en el puerto autorizaciones vinculadas a producción, utilización de agua, efluentes, seguridad de procesos, almacenamiento y conexión eléctrica. El estudio señala además la necesidad de considerar autorizaciones ambientales y estudios de impacto y seguridad correspondientes.
Regulación e infraestructura
La dimensión regulatoria constituye uno de los elementos relevantes para determinar la viabilidad de cada alternativa.
Para los sistemas eléctricos conectados directamente a la red, el estudio identifica condiciones técnicas y comerciales asociadas a la nueva demanda, potencia contratada y conexiones en media o alta tensión.
En el caso de los equipos a batería, se incorpora además la normativa vinculada con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y con baterías, bajo esquemas de responsabilidad extendida del productor y gestión de su disposición final.
Para el hidrógeno, los requerimientos aumentan en función de la modalidad de producción y suministro. El análisis contempla, entre otros aspectos, la normativa vinculada al transporte de mercancías peligrosas, el almacenamiento, la seguridad de procesos y los procedimientos de autorización.
De acuerdo con la matriz elaborada por la consultoría, la complejidad regulatoria relativa es baja para la electrificación mediante suministro directo de red, media para equipos eléctricos a batería, media-alta para hidrógeno producido ex situ y alta o muy alta cuando se incorporan otras alternativas de generación o producción de hidrógeno dentro del propio recinto.
Una transformación que también involucra al trabajo portuario
El estudio incorpora un componente social que busca analizar la descarbonización portuaria como una transformación tecnológica, institucional y social.
Entre los ejes definidos figuran la transición justa, el desarrollo de capacidades, la participación y gobernanza, género e inclusión, salud, seguridad y bienestar, y los mecanismos de monitoreo y evaluación social.
Para este componente fueron revisadas experiencias internacionales en Rotterdam, Los Ángeles, Valencia y Shanghái, además de la experiencia uruguaya de transición energética y tecnológica.
La consultoría también realizó una encuesta a operadores portuarios y entrevistas con actores públicos, privados, académicos e internacionales. Hasta el momento fueron invitados 23 operadores, seis empresas respondieron la encuesta y fueron entrevistados nueve actores clave.
Los primeros resultados identifican una base de capacitación y gestión sobre la cual construir, pero también plantean la necesidad de anticipar cambios en ocupaciones, perfiles y competencias. Entre las prioridades señaladas aparece la elaboración de un mapa ocupacional y un plan de desarrollo de capacidades.
En materia de seguridad, la evaluación señala que existen protocolos que deberán adaptarse a los nuevos riesgos tecnológicos. También identifica una fuerte masculinización y segregación ocupacional en la fuerza laboral relevada.
Otro de los hallazgos preliminares apunta a la necesidad de fortalecer la información, la comunicación y la apropiación transversal de la transición, así como la articulación entre los distintos actores vinculados al proceso.
Próximas etapas
La consultoría comenzó formalmente con una reunión de inicio el 16 de junio y tiene una duración prevista de 16 semanas, con cierre estimado para el 5 de octubre.
La primera etapa corresponde al diagnóstico técnico-económico, ambiental y social, incluyendo la elaboración de una línea de base, el análisis del marco regulatorio, CAPEX, OPEX, TCO, escenarios tecnológicos y análisis de sensibilidad.
La segunda fase comprende consultas con actores clave, el mapeo de stakeholders y la realización de talleres. Finalmente, la tercera etapa estará destinada a consolidar el reporte final, incorporando la evaluación ambiental y social, el modelo de negocio, aspectos de gobernanza y una estrategia de salida.
De esta manera, el trabajo que se desarrolla actualmente en el Puerto de Montevideo busca aportar elementos para determinar bajo qué condiciones una transición hacia equipos de cero emisiones podría ser técnica, económica, ambiental, regulatoria y socialmente viable.
Más que establecer de antemano una única tecnología, el estudio procura comparar alternativas y definir los escenarios que podrían ser considerados en futuras etapas. El resultado final permitirá contar con una base técnica para analizar eventuales proyectos de descarbonización de la actividad portuaria y las condiciones necesarias para su implementación.
