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El conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) volvió a escalar este fin de semana, luego de que el sindicato de trabajadores de la terminal iniciara un nuevo paro de 24 horas y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) anunciara una paralización general de actividades para este lunes 21 de septiembre.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prepara una nueva instancia de negociación entre las partes, con el objetivo de retomar la discusión del convenio colectivo y buscar una salida al diferendo que desde hace semanas afecta la operativa de la principal terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo.
La nueva instancia se desarrollará en formato tripartito, con participación de la empresa, la representación sindical y el Ministerio de Trabajo. La negociación constituye un nuevo intento del gobierno por encauzar un conflicto que ha tenido sucesivas medidas de fuerza y que en los últimos días incorporó un nuevo elemento de tensión: la aplicación de servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo.
La resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó a regir el 12 de septiembre y establece, con carácter transitorio, prestaciones indispensables para preservar la continuidad operativa de TCP. Entre ellas se incluyen la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos, el almacenamiento y depósito, además de una dotación mínima de trabajadores para las distintas áreas.
Un nuevo paro en TCP
La medida más reciente comenzó a las 23:00 horas del viernes 18 y se extendió hasta las 23:00 del sábado 19. Durante ese período, la terminal funcionó bajo el régimen de servicios mínimos establecido por el Poder Ejecutivo.
TCP comunicó a sus usuarios que la operativa se desarrollaría bajo esas condiciones y señaló que informaría cualquier novedad que pudiera afectar el funcionamiento de la terminal.
El nuevo paro se produjo apenas un día después de que el sindicato levantara una medida por tiempo indefinido que había comenzado el lunes y que había provocado una fuerte afectación de la actividad.
Con el levantamiento de aquella medida, la empresa había anunciado el restablecimiento de la operativa normal a partir de las 23:00 del jueves y la coordinación con su personal para atender buques, camiones y los restantes servicios de la terminal.
Sin embargo, pocas horas después el escenario volvió a modificarse con la convocatoria a una nueva paralización de 24 horas.
La empresa sostiene que entre el fin de semana y el lunes se perderán al menos 12 desembarcos de contenedores como consecuencia de las medidas sindicales.
El impacto comienza a trascender además el ámbito estrictamente laboral. Según información recogida en el sector, empresas vinculadas a la producción y comercialización de cítricos de Salto y Paysandú comenzaron a utilizar puertos de Brasil y Chile para concretar embarques de fruta fresca con destino a mercados de Europa, África y Asia, ante las dificultades generadas por el conflicto en el Puerto de Montevideo.
El dato agrega una dimensión logística al diferendo, en momentos en que la continuidad y previsibilidad de las operaciones portuarias constituye uno de los principales puntos de preocupación para las empresas vinculadas al comercio exterior.
El paro nacional del SUPRA
A la paralización específica de TCP se suma ahora una medida de alcance nacional.
El SUPRA convocó a un paro de 24 horas en todos los puertos del país desde las 7:00 del lunes 21 hasta las 7:00 del martes 22 de septiembre. La organización anunció además una asamblea nacional para el jueves 24, con corte de actividades desde las 8:00 y comienzo de la asamblea a las 10:00.
Las concentraciones previstas para el lunes se realizarán en Nueva Palmira, frente al portón de la Administración Nacional de Puertos, y en Montevideo, en la explanada de la sede de la ANP.
El eje del reclamo sindical está puesto en la resolución que estableció los servicios mínimos para TCP.
El SUPRA cuestiona que el Poder Ejecutivo haya determinado las condiciones de funcionamiento de la terminal durante las medidas sindicales y sostiene que esa decisión afecta el ejercicio del derecho de huelga.
La organización calificó la resolución como “excesiva” y “arbitraria” y entiende que limita las herramientas de negociación de los trabajadores. Esa posición fue comunicada públicamente al anunciar la paralización nacional.
Desde el gobierno, en cambio, se sostiene que la medida tiene carácter transitorio y limitado y procura garantizar la continuidad de una actividad considerada de importancia para la producción nacional y el comercio exterior. La resolución oficial establece expresamente que el régimen busca compatibilizar la continuidad operativa con el ejercicio de la libertad sindical y la protección de los trabajadores.
La discusión por la estabilidad
Más allá de los servicios mínimos, el conflicto mantiene como núcleo la negociación del nuevo convenio colectivo de TCP y las condiciones de estabilidad laboral reclamadas por los trabajadores.
El SUPRA sostiene que sus planteos no se reducen a cuestiones salariales y que uno de los principales objetivos es establecer mayores niveles de previsibilidad para los trabajadores y sus familias.
En su argumentación pública, el sindicato contrapone las garantías de largo plazo con las que cuenta la empresa para desarrollar la explotación de la terminal y la incertidumbre que, según sostiene, enfrentan los trabajadores respecto de su futuro laboral.
En ese sentido, recuerda que TCP tiene asegurada la explotación de la terminal hasta 2081 a partir de la extensión de la concesión acordada en 2021 y señala que la composición accionaria corresponde en un 80% a TCP y en un 20% a la Administración Nacional de Puertos.
A partir de esos elementos, la organización reclama que la estabilidad laboral tenga una perspectiva de largo plazo similar a la prevista para la explotación de la terminal.
El sindicato también cuestiona la rentabilidad de TCP. En su comunicado público sostiene que la empresa obtuvo aproximadamente US$ 100 millones el año pasado, argumento que utiliza para sostener que existiría margen para mejorar las condiciones laborales.
Se trata de una cifra y una interpretación planteadas por la organización sindical dentro de su argumentación pública.
Servicios mínimos, el punto más sensible
La resolución adoptada por el gobierno constituye uno de los principales focos de tensión.
El Poder Ejecutivo estableció que durante las medidas sindicales deberán mantenerse determinadas operaciones consideradas indispensables para garantizar la continuidad de la terminal.
Entre ellas se encuentran la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores destinados a importación y exportación y los servicios de almacenamiento y depósito. También se fijó un mínimo de 25 contenedores por hora para la recepción mediante transporte carretero y se establecieron dotaciones mínimas para diferentes sectores de la terminal.
La disposición contempla además la continuidad de los servicios vinculados a contenedores refrigerados, productos perecederos y materiales sanitariamente sensibles.
Para el gobierno, el objetivo es preservar un nivel básico de funcionamiento mientras se desarrolla la negociación.
El SUPRA interpreta la decisión desde otra perspectiva. El sindicato sostiene que establecer por vía administrativa qué tareas deben mantenerse durante una huelga afecta la capacidad de presión de los trabajadores y modifica las condiciones en las que se desarrolla la negociación colectiva.
La discusión, por tanto, dejó de estar limitada al convenio de TCP y pasó a incorporar un debate más amplio sobre el alcance de los servicios mínimos y el ejercicio del derecho de huelga en una actividad directamente vinculada al comercio exterior.
Nueva instancia de negociación
En este escenario, la convocatoria del Ministerio de Trabajo vuelve a colocar la negociación en el centro de la búsqueda de una salida.
No se trata de la primera intervención de la cartera. En julio, TCP y el sindicato habían acordado, en la Dirección Nacional de Trabajo, encauzar la negociación y retomar la actividad mediante un ámbito tripartito. Aquel entendimiento incluyó un compromiso de diálogo y la apertura de una negociación orientada a alcanzar un nuevo convenio colectivo.
El nuevo escenario, sin embargo, presenta mayores niveles de tensión.
A la disputa por el convenio se sumó la discusión sobre los servicios mínimos, mientras las medidas sindicales comenzaron a generar consecuencias sobre la programación de operaciones y los movimientos de cargas.
La empresa advierte sobre la pérdida de embarques y desde el sector exportador empiezan a aparecer señales de búsqueda de alternativas logísticas.
El desafío para la nueva instancia tripartita será, por tanto, doble: encontrar puntos de acuerdo sobre las condiciones laborales en TCP y, simultáneamente, reducir el impacto que la prolongación del conflicto puede generar sobre la cadena logística y el comercio exterior.
La nueva negociación llega así en un momento particularmente sensible para el sistema portuario uruguayo. La continuidad de las operaciones, la estabilidad de las relaciones laborales y la previsibilidad para los usuarios de la terminal quedan nuevamente colocadas en el centro de una disputa que, por su alcance, ya trasciende los límites de TCP.
