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El gobierno uruguayo avanza en una nueva etapa del proceso para adquirir patrullas oceánicas destinadas a fortalecer las capacidades de vigilancia y control marítimo de la Armada Nacional. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó que el Ministerio está evaluando diversas ofertas presentadas por empresas interesadas en suministrar buques tipo OPV (Offshore Patrol Vessel), con una marcada preferencia por aquellas propuestas que cuentan con respaldo formal de gobiernos extranjeros.
La decisión se produce mientras el Poder Ejecutivo procura cerrar definitivamente el capítulo del fallido acuerdo con el astillero español Cardama, seleccionado durante la administración anterior para construir las nuevas patrullas oceánicas destinadas a la Armada.
Las futuras unidades son consideradas estratégicas para reforzar la presencia del Estado en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, permitiendo mejorar las tareas de vigilancia pesquera, lucha contra el narcotráfico, búsqueda y rescate, control ambiental y protección de los recursos naturales.
Respaldo gubernamental como garantía
Consultada sobre el proceso en marcha, Lazo destacó la importancia que el gobierno otorga al respaldo institucional de los países de origen de las propuestas.
“Valoramos mucho que vengan los representantes de las embajadas. Nos importa la seriedad que te da cuando una propuesta viene con el respaldo de los gobiernos”, afirmó.
La ministra explicó que este mecanismo busca otorgar mayores garantías al Estado uruguayo luego de las dificultades registradas en el proceso anterior. Según indicó, existen varias alternativas en estudio, aunque evitó identificar a las empresas participantes debido a la etapa de evaluación en la que se encuentra el procedimiento.
La participación de embajadas y representantes gubernamentales es vista por las autoridades como un elemento que fortalece la credibilidad de las ofertas y contribuye a generar mayores niveles de confianza respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos.
Evaluación técnica y financiera
Actualmente, el Ministerio de Defensa se encuentra analizando la documentación recibida y las distintas cartas de intención presentadas por los oferentes.
Lazo señaló que esta fase inicial está enfocada en la evaluación técnica de las embarcaciones propuestas, así como en el análisis de aspectos vinculados a costos, plazos de construcción y entrega, capacidades operativas y condiciones de financiamiento.
“No podría decir en este momento la opción que vamos a tener porque queremos manejarlo justamente con la seriedad que el tema merece”, sostuvo.
La jerarca explicó que si bien ya se han realizado intercambios preliminares y se han recibido presentaciones orales sobre algunas de las alternativas disponibles, el objetivo es contar con informes detallados que permitan una comparación objetiva antes de adoptar cualquier decisión.
El propósito es evitar improvisaciones y asegurar que la futura adquisición responda efectivamente a las necesidades operativas de la Armada Nacional.
El antecedente de Cardama
En paralelo al estudio de nuevas ofertas, el gobierno trabaja en la revisión del proceso que culminó con la frustrada contratación del astillero español Cardama aunque evitó mencionar marcas específicas en este momento de la negociación
La empresa había sido seleccionada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para construir las patrullas oceánicas, pero el proyecto enfrentó diversas dificultades que terminaron paralizando su ejecución.
Ante esa situación, Presidencia de la República dispuso la conformación de un equipo especializado para auditar los recursos públicos comprometidos y evaluar las acciones jurídicas que puedan corresponder.
“Estamos viendo qué hacemos con lo que está invertido y auditando qué es lo que hay allí”, explicó la ministra.
El objetivo de esta revisión es determinar con precisión el estado de situación del proyecto, identificar las obligaciones pendientes y analizar posibles mecanismos para recuperar los recursos comprometidos por el Estado uruguayo.
Una capacidad estratégica para Uruguay
La incorporación de patrullas oceánicas constituye una de las principales prioridades de la Armada Nacional desde hace varios años.
Uruguay posee una extensa área marítima bajo jurisdicción nacional, donde se desarrollan actividades vinculadas a la pesca, el comercio marítimo, la investigación científica y la explotación de recursos naturales.
Sin embargo, gran parte de la flota destinada a tareas de patrullaje y vigilancia presenta elevados niveles de antigüedad, lo que limita las capacidades operativas para ejercer un control efectivo sobre las aguas jurisdiccionales.
Los buques tipo OPV son considerados una solución adecuada para este tipo de misiones debido a su autonomía, capacidad de navegación oceánica y versatilidad para operar en tareas de vigilancia, control pesquero, asistencia humanitaria y combate a actividades ilícitas.
En los últimos años, el crecimiento de la pesca ilegal, el tráfico de drogas por vía marítima y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el Atlántico Sur han reforzado la importancia estratégica de contar con este tipo de embarcaciones.
Mientras avanza la evaluación de las propuestas y se esclarece la situación heredada del proyecto Cardama, el gobierno busca encaminar un nuevo proceso de adquisición que permita dotar a la Armada Nacional de medios adecuados para enfrentar los desafíos actuales de la vigilancia marítima.
La definición final aún no tiene fecha, pero las autoridades aseguran que el criterio central será garantizar transparencia, solvencia técnica y respaldo institucional en una inversión considerada clave para la defensa y la soberanía marítima del país.
