La explotación petrolera en torno a las Islas Malvinas ingresó en una nueva fase de tensión luego de que el gobierno de Javier Milei endureciera las medidas contra las empresas que participen en proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.

La reacción de tres de las principales compañías internacionales de servicios y tecnología petrolera fue inmediata. SLB —la antigua Schlumberger—, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no participarán en proyectos de exploración o producción de hidrocarburos en Malvinas.

Los anuncios se produjeron luego del discurso de Milei y de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, que busca agilizar la aplicación de las sanciones previstas por la legislación argentina para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización de Buenos Aires.

SLB informó que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas o en sus espacios marítimos circundantes.

Baker Hughes adoptó una posición similar, mientras Halliburton afirmó que no participa en el proyecto Sea Lion ni en actividades vinculadas con la exploración o producción de hidrocarburos en torno a las islas.

Para el desarrollo de un proyecto offshore, la decisión tiene importancia porque las grandes compañías de servicios concentran tecnología, equipamiento y capacidades especializadas necesarias para operaciones de alta complejidad.

Presión sobre Sea Lion

El principal objetivo de la ofensiva argentina es Sea Lion, proyecto desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Navitas posee el 65% y Rockhopper el 35%. Ambas compañías sostuvieron que las nuevas sanciones argentinas no modificarán sus planes y que continuarán adelante con el proyecto.

Pero la decisión de los grandes proveedores puede aumentar las dificultades para llevar adelante las operaciones.

Argentina abrió además un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas y procura determinar eventuales incumplimientos de la Ley 26.659. Las actuaciones alcanzan también a accionistas y prestadores de servicios.

El alcance de la normativa es amplio. No se limita a la participación directa en la explotación, sino que contempla determinadas operaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina.

Ese aspecto puede ser especialmente relevante para una operación offshore, donde el desarrollo de un yacimiento depende de una extensa cadena internacional de proveedores.

Vaca Muerta inclina la balanza

La posición adoptada por las tres compañías también debe analizarse en función de sus negocios en Argentina continental.

SLB tiene una fuerte presencia en Vaca Muerta y en marzo de 2026 anunció junto con YPF un acuerdo para incorporarse al Instituto Vaca Muerta, con iniciativas vinculadas con capacitación, tecnología y operaciones no convencionales.

Según Daniel Dreizzen, CEO de Aleph Energy, Sea Lion equivale aproximadamente al 1% de Vaca Muerta.

La dimensión de ambos mercados ayuda a comprender el comportamiento de las compañías. Para los grandes proveedores internacionales, preservar sus operaciones en Argentina y el acceso al desarrollo de Vaca Muerta representa una oportunidad de una escala muy superior al negocio puntual que podría significar Sea Lion.

En mayo pasado, el Baker Hughes Rig Count registraba 32 equipos de esa compañía operando en Argentina, principalmente vinculados con la actividad hidrocarburífera del país.

Una disputa que alcanza a la logística marítima

El conflicto adquiere una dimensión particularmente relevante para el sector marítimo y portuario porque la explotación de Sea Lion requiere una cadena logística offshore.

La producción de petróleo en aguas abiertas demanda embarcaciones y servicios de apoyo, equipamiento especializado, sistemas submarinos, almacenamiento y transferencia de hidrocarburos, además de instalaciones para evacuar la producción hacia los mercados.

En este esquema aparece también la empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, que mantiene uno de los contratos comerciales firmados por Navitas para poner en marcha Sea Lion y suministró boyas flotantes destinadas a la exportación del petróleo.

La infraestructura prevista vincula además la producción offshore con la costa atlántica y con el sistema de transporte asociado a Vaca Muerta Sur.

Por eso, el impacto de las sanciones puede trascender el terreno jurídico y empresarial para alcanzar directamente la cadena logística que debería sostener la futura producción.

Más presión sobre los proveedores

El gobierno argentino busca que las sanciones alcancen no solamente a los operadores del proyecto, sino también a las empresas que suministren servicios o equipamiento.

Para Buenos Aires, el objetivo es aumentar el costo de desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área disputada. Para Navitas y Rockhopper, el desafío será mantener el cronograma de Sea Lion en un escenario en el que algunos de los principales proveedores internacionales del sector ya decidieron mantenerse al margen.

El especialista argentino Juan Carlos Glorioso advirtió que no será sencillo para Navitas conseguir empresas de servicios líderes que no tengan operaciones en Argentina y señaló que recurrir a proveedores alternativos podría generar riesgos técnicos para una operación offshore.

Atlántico Sur, energía y estrategia naval

La ofensiva contra la explotación petrolera forma parte de una estrategia más amplia de Buenos Aires sobre el Atlántico Sur.

Milei anunció un incremento de recursos para avanzar en la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, con la intención de convertir al extremo austral argentino en un polo logístico estratégico y fortalecer la proyección del país hacia la Antártida.

El discurso presidencial vinculó así tres dimensiones que hasta ahora podían observarse por separado: la disputa por la soberanía de las islas, el desarrollo de recursos energéticos offshore y el fortalecimiento de la infraestructura naval y logística argentina.

En paralelo, Milei volvió a destacar el eventual cambio de posición de Estados Unidos respecto de la controversia y presentó el escenario internacional como una oportunidad para reforzar el reclamo argentino.

La decisión de SLB, Baker Hughes y Halliburton constituye, en ese contexto, una primera señal concreta del impacto que la nueva estrategia argentina puede tener sobre las empresas internacionales.

Mientras Navitas y Rockhopper aseguran que Sea Lion continuará según lo previsto, el proyecto deberá afrontar ahora un desafío adicional: garantizar una cadena de servicios, tecnología y logística offshore capaz de sostener su desarrollo en un entorno de creciente presión política y regulatoria.

El conflicto por Malvinas entra así en una etapa en la que la soberanía ya no se discute solamente en el terreno diplomático. También se juega en los mercados energéticos, en las cadenas de suministro y, cada vez más, en la capacidad logística y marítima necesaria para explotar los recursos del Atlántico Sur.

Sea Lion: una operación offshore que necesita una cadena logística internacional

El proyecto Sea Lion no se limita a la perforación y extracción de petróleo. Su desarrollo requiere una compleja red de servicios offshore, equipamiento especializado, almacenamiento, transferencia y transporte de la producción.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son los operadores del proyecto, con participaciones de 65% y 35%, respectivamente. Entre los contratos comerciales suscriptos para avanzar en el emprendimiento figura uno con la empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, vinculada al suministro de boyas flotantes para la exportación del crudo.

La dimensión marítima resulta central: una explotación offshore necesita embarcaciones de apoyo, servicios técnicos, sistemas submarinos y soluciones para trasladar la producción desde el área de extracción hacia tierra y posteriormente a los mercados.

En este punto, las sanciones argentinas pueden generar un efecto que exceda al operador. La legislación contempla determinadas prestaciones logísticas, técnicas, comerciales y financieras, por lo que la presión puede trasladarse a distintos eslabones de la cadena de suministro.

La decisión de las grandes empresas internacionales de servicios petroleros de mantenerse fuera de los proyectos en Malvinas agrega, por tanto, una nueva variable al desarrollo de Sea Lion: la capacidad de construir una cadena offshore alternativa y técnicamente confiable.