Portal Marítimo
Uruguay avanza hacia una definición estratégica para renovar y ampliar las capacidades de la Armada Nacional. Según información proporcionada a Portal Marítimo por una fuente del Gobierno de Yamandú Orsi, la decisión de trabajo está tomada: el país adquirirá una sola Patrullera Oceánica (OPV, por sus siglas en inglés) de nueva construcción, dejando por el momento de lado la posibilidad de incorporar dos o tres unidades como se había manejado inicialmente.
La operación se pretende concretar antes de finalizar 2026, mediante una modalidad de Estado a Estado, aunque esto no excluye la eventual participación de una empresa privada o de un astillero en la construcción de la embarcación.
El costo de la nueva OPV se ubicaría actualmente en el entorno de los US$ 100 millones, aunque el monto definitivo todavía deberá negociarse con el astillero que resulte seleccionado. La fuente consultada señaló que no se trata de una cifra cerrada y que el precio final dependerá de las características definitivas del buque, su equipamiento y las condiciones de contratación.
En paralelo, Uruguay mantiene en evaluación la incorporación de dos patrulleros oceánicos usados del Reino Unido, una alternativa considerada de interés para reforzar las capacidades de vigilancia mientras se concreta la construcción de la nueva unidad.
En este caso, las estimaciones manejadas ubican el costo de cada embarcación en un rango de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones, aunque también en este punto la cifra puede variar de acuerdo con la configuración, el armamento, los trabajos de mantenimiento y las condiciones en que los buques sean entregados.
Tres alternativas para la nueva OPV
Las conversaciones para la construcción de la nueva OPV se concentran actualmente en tres países: Colombia, Francia y Corea del Sur.
En Colombia aparece Cotecmar, que presentó el diseño OPV-93. Por Francia participa Naval Group, a través de su astillero especializado Kership, mientras que por Corea del Sur se encuentra HD Hyundai Heavy Industries, que ofreció la clase HDP-2200.
Los tres astilleros ya habían participado en el proceso anterior para la construcción de dos patrulleros oceánicos para Uruguay, posteriormente dejado sin efecto. Esa experiencia permitió al Gobierno contar con antecedentes técnicos y comerciales de las propuestas y mantener abiertas las conversaciones con los distintos proveedores.
La fuente explicó que, si bien fueron consideradas otras alternativas, actualmente estos tres países son los que concentran la mayor atención de las autoridades uruguayas.
El criterio que se está aplicando no se limita al precio. Uno de los aspectos considerados especialmente relevantes es la experiencia del astillero y, particularmente, que el diseño ofrecido corresponda a un modelo ya construido y probado operacionalmente.
En ese sentido, la nueva orientación busca evitar soluciones experimentales o modificaciones sustanciales sobre plataformas originalmente diseñadas para otras funciones.
“Se está hablando de astilleros que tienen una experiencia de construcción importante y que ofrecen modelos de patrulleros que ya fueron construidos y probados”, explicó la fuente.
La diferencia adquiere particular relevancia después de la experiencia con el proyecto anterior. La nueva estrategia procura que Uruguay opte por un diseño que cuente con antecedentes operativos y con una plataforma cuya ingeniería ya haya sido validada.
Una construcción de al menos 24 meses
Otro elemento que condiciona la decisión es el tiempo necesario para disponer del nuevo buque.
Una OPV construida desde cero requiere, de acuerdo con los plazos que manejan las alternativas actualmente analizadas, al menos 24 meses de construcción, con una estimación que puede extenderse hasta aproximadamente 30 meses dependiendo del proyecto y del equipamiento.
Por ese motivo, la nueva embarcación no estará disponible en el corto plazo. La decisión que adopte el Gobierno antes de finalizar el año dará comienzo a un proceso industrial que demandará varios años hasta la incorporación efectiva del buque a la Armada.
La fuente consultada señaló que ese plazo constituye un estándar para este tipo de construcciones y que las propuestas que prometan períodos sustancialmente inferiores deberán ser analizadas con especial atención.
La estrategia, por tanto, parece orientarse a privilegiar la certeza tecnológica y constructiva antes que una reducción artificial de los tiempos de entrega.
Dos patrulleros británicos para cubrir el período de transición
Mientras Uruguay define la construcción de la nueva OPV, la alternativa británica adquiere especial importancia.
Se trata de dos patrulleros usados, respecto de los cuales Uruguay ya manifestó formalmente interés. Ese paso permitió acceder a información adicional sobre las unidades y avanzar en el proceso de evaluación.
De acuerdo con la fuente, la posibilidad de incorporar ambos buques se mantiene como una opción “bastante firme” dentro del esquema que se está estudiando.
El precio estimado se encuentra en el entorno de US$ 15 millones a US$ 20 millones por unidad, aunque todavía no existe una cifra definitiva.
La configuración del buque puede modificar sensiblemente el costo. Entre otros aspectos, el tipo de armamento disponible puede representar varios millones de dólares de diferencia, al igual que los trabajos de mantenimiento, modernización o adecuación que Uruguay decida realizar antes de incorporarlos al servicio.
También deberá definirse dónde se realizarán esos trabajos: si parte de las tareas se ejecutará antes de la entrega en el Reino Unido o si los buques llegarán a Uruguay para completar aquí su mantenimiento y puesta a punto.
Más allá de esos aspectos comerciales, el interés principal está vinculado con las capacidades de navegación y patrulla de estas unidades.
Según la información proporcionada a Portal Marítimo, los patrulleros británicos presentan características que los hacen adecuados para operaciones de vigilancia hasta aproximadamente las 200 millas náuticas.
Una nueva capacidad para la zona económica exclusiva
La incorporación de la nueva OPV responde a una necesidad operativa concreta: ampliar el radio de acción de las unidades uruguayas.
El esquema actual contempla que las plataformas incorporadas durante el gobierno anterior cubren adecuadamente las tareas en las zonas más próximas a la costa. En particular, las tres lanchas Protector y la unidad de origen coreano permiten atender operaciones hasta aproximadamente las 24 millas náuticas.
La nueva OPV apunta a extender esa capacidad hasta las 200 millas, correspondiente al ámbito de la Zona Económica Exclusiva uruguaya.
La diferencia es relevante para un país cuya actividad marítima y económica depende crecientemente de la vigilancia de sus espacios oceánicos, tanto por razones de seguridad como de control, protección de recursos y presencia estatal.
La fuente explicó que, más allá de las 200 millas y hasta aproximadamente las 350 millas, el escenario es diferente porque allí entran en consideración los derechos vinculados a la plataforma continental y al lecho marino.
La OPV, por tanto, no constituye simplemente un reemplazo de las unidades existentes. Su incorporación apunta a completar una estructura de vigilancia escalonada, con diferentes tipos de plataformas destinadas a operar en distintas distancias y condiciones.
Helicóptero y drones
Otro aspecto que se mantiene dentro de los requerimientos para la nueva OPV es la capacidad para operar con helicóptero.
La fuente indicó que esa característica continúa formando parte del concepto de buque que se está manejando, aunque también se analizan las posibilidades que ofrecen los sistemas aéreos no tripulados.
Los drones pueden ampliar significativamente la capacidad de vigilancia de una OPV, permitiendo extender el área de observación sin necesidad de utilizar permanentemente el helicóptero.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre ambas capacidades. Un dron puede realizar tareas de reconocimiento y vigilancia e incluso colaborar con una operación de emergencia, pero no puede sustituir completamente al helicóptero en determinadas misiones, particularmente cuando se trata de rescate de personas en el mar.
La operación de un helicóptero desde un buque implica, naturalmente, costos adicionales y requerimientos logísticos: combustible, mantenimiento, infraestructura y personal especializado. Por eso, la incorporación de drones forma parte de las alternativas que pueden complementar las capacidades de la plataforma.
El criterio que se maneja actualmente es mantener la capacidad de helicóptero y, al mismo tiempo, aprovechar las posibilidades que ofrecen los sistemas no tripulados.
Una decisión condicionada por el costo
La reducción del proyecto original —de dos o tres unidades a una sola OPV— responde fundamentalmente al costo de una plataforma nueva con las características requeridas.
La fuente consultada señaló que una OPV moderna y adecuadamente equipada representa una inversión cercana a los US$ 100 millones, cifra que hace difícil concretar simultáneamente la incorporación de varias unidades nuevas.
Por esa razón, el esquema que actualmente aparece como más probable combina una inversión de largo plazo en una OPV nueva, con la posibilidad de sumar dos patrulleros usados británicos para ampliar la cobertura en el período de transición.
De concretarse ambas operaciones, Uruguay dispondría de una combinación de plataformas con diferentes características, costos y funciones, en lugar de concentrar toda la inversión en una única clase de buque.
La decisión final sobre los patrulleros británicos, al igual que la selección del astillero para la nueva OPV, deberá completarse durante los próximos meses.
El aprendizaje que deja el caso Cardama
La experiencia del proceso anterior también está presente en la preparación de la nueva adquisición.
La fuente consultada, que aclaró que se trata de una consideración personal y no de una posición atribuible al conjunto del Gobierno, sostuvo que una operación de esta magnitud exige extremar los controles, respetar estrictamente la normativa y verificar de manera rigurosa las garantías y la documentación presentada.
En particular, planteó que en una contratación de esta importancia no alcanza con cumplir formalmente las etapas administrativas: los controles deben realizarse en tiempo y forma y las garantías deben quedar efectivamente constituidas dentro de los plazos establecidos.
El razonamiento adquiere especial relevancia en una operación que puede superar los US$ 100 millones.
La nueva modalidad de Estado a Estado también introduce características diferentes en materia contractual, pero no elimina la necesidad de establecer mecanismos sólidos de garantía, control jurídico, verificación documental y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas.
El objetivo, de acuerdo con la fuente, es que la futura adquisición se apoye en un procedimiento cuidadosamente diseñado y con controles suficientes para proteger los recursos públicos.
Una definición que deberá llegar antes de fin de año
El Gobierno tiene ahora por delante una doble definición. Por un lado, deberá determinar cuál de las propuestas de Colombia, Francia o Corea del Sur ofrece la mejor combinación entre capacidades, experiencia constructiva, precio y condiciones de contratación para la nueva OPV.
Por otro, deberá completar la evaluación de los dos patrulleros británicos y determinar si su incorporación resulta conveniente para complementar la futura plataforma.
La decisión sobre la OPV está prevista para antes de finalizar 2026. A partir de ese momento comenzará un proceso constructivo que demandará por lo menos dos años.
La estrategia que surge de la información proporcionada a Portal Marítimo apunta así a una renovación gradual de la capacidad oceánica uruguaya: una nueva OPV de construcción reciente y con un diseño probado como plataforma principal, complementada eventualmente por dos patrulleros usados para ampliar la capacidad operativa en el corto plazo.
Más que una sustitución inmediata de unidades, el proyecto supone una nueva configuración de la presencia naval uruguaya en el espacio marítimo: plataformas menores para las áreas próximas a la costa y una capacidad oceánica de mayor autonomía para operar hasta las 200 millas, con helicóptero y sistemas no tripulados como herramientas complementarias de vigilancia y respuesta.
